SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 28 de junio de 2024
Por la noche del 1 de julio de 2018, cuando se tuvo la certeza estadística del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y la tendencia de la votación para integrar el Congreso apuntaba a una amplia mayoría de Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social), algunos «especialistas» en temas políticos, defensores del estado de cosas aún vigente, comentaban en los medios audiovisuales que el resultado de esos comicios había derivado en una situación antidemocrática.
El gobierno surgido de esa elección ha enfrentado serios obstáculos ─sobre todo en la segunda mitad de su gestión─ y una parte importante de sus proyectos que implicaban reformas a la Constitución no alcanzaron la mayoría necesaria en las cámaras del Congreso, o fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por disposiciones del sistema judicial, o por algún organismo «autónomo» creado exprofeso para mantener las condiciones de una manera conveniente a una minoría económicamente poderosa.
Seis años después de aquella fecha, tras la aplastante derrota electoral de quienes pretendían retornar al anterior orden, una vez que han reconocido su derrota en las urnas claman ─como en 2018─ por un «antidemocrático» desbalance en las cámaras legislativas. Pretenden con ello mantener un número tal de legisladores que evite cualquier cambio constitucional que lesione sus privilegios e intereses.
Olvidan que durante casi 8 décadas, de 1940 a 2018, desde los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, impusieron los intereses del sector económicamente más poderoso de la sociedad y, corrupción mediante, algunos miembros de esos poderes pasaron a formar parte de ese exclusivo sector. Esa manera de «gobernar» se agudizó con los regímenes neoliberales (1982-2018).
También olvidan que mediante sus prácticas de «mayoriteo» durante los gobiernos neoliberales impusieron medidas lesivas al pueblo y a la nación, como el Fobaproa, incremento de impuestos, rescates bancarios y de concesionarios de carreteras, entrega de bienes y servicios públicos al capital privado, privatización de bienes nacionales y riquezas naturales, despojo de derechos a trabajadores y comunidades originarias y campesinas, entre otras, como una vía hacia la modernidad.
Mediante el sistema educativo, los medios de difusión, el control de organizaciones políticas, sociales, laborales y de otro tipo, con el apoyo de segmentos de algunas iglesias y sin excluir la represión, impusieron su concepto de la vida y la realidad ─su ideología─ a importantes sectores de la población, lo que les facilitó el control y dominio sobre la mayoría.
Ahora que esa mayoría refrendó en las urnas su deseo de cambio, resulta que esa decisión es ─como la calificaron hace seis años─ antidemocrática, porque impide que las cosas sean como le conviene a la minoría.
Considerar sobrerrepresentado al pueblo en el Congreso equivale a decir que el voto de quienes detentan el poder económico y el de sus aliados y servidores vale más que el de un obrero, un campesino o, de manera general, el de quien debe vender su fuerza de trabajo para subsistir honestamente. Y no es así. El voto de la persona más pobre y humilde vale igual que el de la más acaudalada.
Habría que recordar que los integrantes de las cámaras legislativas son representantes populares y, como tales, están obligados a defender los derechos e intereses del pueblo. Apartarse de esa obligación se debe considerar y sancionar como traición.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Palacio Legislativo de San Lázaro. | Foto: Revista Cámara.
0 Comentario