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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 1 de noviembre de 2021
En el marco del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la región cuestionaron la ausencia de controles democráticos y la falta de transparencia en el uso e implementación estatal de tecnologías de vigilancia.
Durante su intervención, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que en México, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada, el Estado ha buscado justificar la expansión de sus facultades legales para invadir la privacidad y el incremento del gasto en capacidad de vigilancia, sin contrapesos institucionales ni controles democráticos. El resultado de esto, de acuerdo con el defensor, ha sido “la corrupción generalizada y la vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil perpetrada por agentes del Estado”.
García ilustró estos abusos con el caso de la adquisición y uso de Pegasus, señalando que, pese a las negativas de las autoridades mexicanas, se encuentra plenamente documentado que al menos tres instancias adquirieron licencias para su uso sin licitación, con sobreprecio y, en algunos casos, a través de empresas intermediarias fantasma.
Las autoridades mexicanas que adquirieron Pegasus son: la Procuraduría General de la República –actualmente, Fiscalía–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –actualmente, Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, y el Ejército Mexicano, el cual ni siquiera posee facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas. También se encuentra documentado que, entre 2014 y 2017, fueron atacados con Pegasus decenas de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa. Incluso el actual Presidente de la República, su familia y múltiples miembros del gabinete fueron objetivo de este malware.
García recordó que “todo lo que hoy sabemos sobre el uso ilegal de Pegasus en México ha sido investigado y revelado por periodistas, alertadores y organizaciones de la sociedad civil, no por el Estado”. Por el contrario, a cuatro años de las primeras revelaciones y denuncias, el Estado no ha esclarecido los hechos ni garantizado el derecho a la verdad.
El director de R3D también denunció que agencias del Estado, como el CNI o el Ejército, continúan reservando información sobre la adquisición y uso de Pegasus y otros sistemas de inteligencia, y que incluso está documentado que las autoridades mexicanas han falseado declaraciones, ocultado documentos y negado que existan registros de uso del sistema.
Por último, García indicó que la investigación continúa abierta en la Fiscalía, sin que haya producido resultados hasta ahora ni llevado a persona alguna ante la justicia. “Este clima de impunidad y ausencia de verdad no solo incentiva la repetición de los hechos sino que perpetúa las graves consecuencias de la vigilancia que ha sido descrita”.
R3D, junto con Artículo 19 y el Centro Prodh, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado mexicano a transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia, investigar de forma diligente y exhaustiva el caso Pegasus, y hacer las reformas necesarias para controlar la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia.
Con información e imágenes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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